La situación de quiebra que vive el Ourense con una deuda de 5,6 millones de euros (casi mil millones de pesetas) ha llevado al Ourense a estudiar y hacer gestiones para iniciar el proceso de acogida a la Ley de Procedimiento Concursal, que podría derivar en un convenio con los acreedores o incluso con la disolución de la SAD, convirtiendo a la entidad de nuevo en un club de fútbol. En teoría, este asunto se lleva en secreto en los intramuros de O Couto pero el presidente se ha encargado de airear en los últimos días que la solución económica del Ourense es un hecho.

El propio Quino Muñoz dijo que el Ourense no podría ir a una ley concursal, pero fuentes jurídicas consultadas por este periódico confirman que tiene todo el derecho a presentar la solicitud. De hecho, ya se han dado los primeros pasos en ese sentido.

Con los números en la mano, el conjunto rojillo está en causa de disolución. Descartada la ampliación de capital y dadas las cuantiosas deudas, la única opción de hacer viable a la entidad es conseguir la aprobación por parte de un juez del Proceso Concursal como le sucedió recientemente a la Unión Deportiva Las Palmas y al Sporting de Gijón. Los grancanarios lo consiguieron mediante convenio con los acreedores, que solamente pueden percibir un tanto por cien reducido de la cantidad que la entidad grancanaria les adeuda. Una situación idéntica sucede con los asturianos, que todavía esperan a día de hoy por una sentencia que les permita seguir con el proceso.

Segunda opción

La segunda opción sería liquidar la Sociedad Anónima Deportiva y dejar al Ourense como club de fútbol, volviendo al escenario anterior a la conversión de 1997. En Segunda B, categoría en la que milita en las últimas ocho temporadas, el equipo podría seguir existiendo y en caso de ascenso a la división de plata, ya regida por la Liga de Fútbol Profesional, podría iniciar de nuevo el proceso para convertirse en SAD. Para disolver la entidad, el Ourense tendría que enfrentarse a la exigencia de los acreedores, que pueden reclamar el abono de las cantidades pendientes.

Caixanova, Seguridad Social, Hacienda y la empresa que organiza los viajes son sus principales acreedores.

Fuente: La Voz de Galicia.